¿Por qué los países en desarrollo cumplen con regulaciones internacionales de pertinencia cuestionable?

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Recibido: Abril 2015
Aceptado: Septiembre 2015

¿Por qué los países en desarrollo cumplen con regulaciones internacionales de pertinencia cuestionable?:
Analizando el caso de México y su adherencia a las regulaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Daniel Ramírez Ortiz

Resumen

La pertinencia de las regulaciones bancarias internacionales ha sido puesta en duda debido a que su implementación puede limitar el flujo creditico y con ello el dinamismo económico de las economías en desarrollo. Asimismo, son reglas que no constituyen tratados internacionales formales por lo que su aplicación no es obligatoria. Aun así  diversos países las han implementado. A partir de analizar el caso de México, el presente documento propone que la explicación del cumplimiento con estándares internacionales de pertinencia cuestionable, puede residir en cuestiones de política interna y en el tipo de relación que el país tenga con los organismos financieros internacionales.

Abstract

The soundness of the international banking rules has been questioned due to the restrictions on credit flows and its negative implications in the economic dynamism of the developing countries. Besides, those rules do not constitute formal treaties and therefore its compliance is not mandatory. Despite of this, various countries have internalized them. By analyzing the case of México, the present document proposes that the explanation of compliance with questionable banking rules could rely in domestic political dynamics and in the type of relation the country has with the International Financial Institutions.

Palabras clave:

Países en desarrollo, cumplimiento, reglas bancarias internacionales, niveles de capitalización bancaria, Instituciones Financieras Internacionales.

Key words:

Developing countries, compliance, international banking rules, capital adequacy levels, International Financial Institutions.

Clasificación JEL F53, F55, F59

 

Las regulaciones bancarias internacionales formuladas en el Comité de Basilea son una pieza central de la Arquitectura Financiera Internacional (AFI), debido a la importante cantidad de países que han implementado los estándares que emanan de dicho organismo internacional. Como prueba de lo anterior,  para el año 2013, casi la totalidad de los miembros[1] del Comité han cumplido con las diversas regulaciones formuladas y por lo menos algún paquete regulatorio se encuentra en proceso de adopción por parte de 54 países en desarrollo no miembros del Comité.[2]

Con respecto a lo anterior, surgen cuestionamientos relevantes. Si se toma en cuenta que, como se demuestra más adelante, la formulación de las regulaciones bancarias históricamente se ha realizado a través de un contexto excluyente dominado por los bancos centrales y supervisores bancarios del G-10 (no es hasta el año 2009 cuando el Comité de Basilea incorpora ‘oficialmente’ a las autoridades bancarias de países emergentes)  y que dichas regulaciones no constituyen tratados formales ni compromisos vinculatorios, se vuelve necesario explorar ¿qué tipo de factores motivan a las autoridades nacionales de países en desarrollo  a implementar estándares y recomendaciones que posiblemente ni siquiera reflejen sus condiciones, necesidades e intereses económicos?

En este sentido, uno de los principales puntos de partida del presente escrito es que la relación entre el Comité de Basilea y las economías emergentes, así como el proceso de adopción de las regulaciones en contextos nacionales, no es una relación que se encuentre dominada por cuestiones puramente económicas/técnicas, sino que es una relación fundamentalmente política, en el sentido de que el cumplimiento de los estándares financieros no vinculantes, se encuentra motivada por factores de poder a nivel internacional sumamente importantes de dilucidar, si lo que se quiere es tener una mejor comprensión sobre la gobernanza de las finanzas globales.

Por ello, el presente documento explora y analiza tres aspectos fundamentales de las entidades y procesos de gobernanza financiera y su relación con los países en desarrollo. El primero de ellos tiene que ver con el proceso de paulatina incorporación de autoridades de países emergentes en las entidades de formulación de los estándares financieros internacionales. El segundo es una evaluación sobre qué tanto dicha incorporación ha repercutido en regulaciones internacionales más democráticas en el sentido de ser más sensibles a las necesidades e intereses de países con distintos grados de desarrollo. El tercer aspecto tiene que ver con las dinámicas políticas que determinan la adopción de dichos estándares internacionales por las autoridades de un país en desarrollo. Al respecto de lo anterior, a partir del caso de estudio de la relación entre las reglas del Comité de Basilea y México, se proponen explicaciones tentativas sobre los factores y procesos que confluyen para que una de las soft laws[3] más relevantes para la economía internacional, se materialice en políticas públicas nacionales.

 

1-      El Comité de Basilea y su relación con las autoridades de países en desarrollo

 

El Comité de Basilea, es en esencia un foro de negociación y formulación de estándares financieros internacionales que surge en el año de 1974. Instalado físicamente en el Banco de Pagos Internacionales (BPI), el Comité de Basilea reunió originalmente a las autoridades supervisoras bancarias de los países del G-10 más Luxemburgo.[4] A diferencia del BPI  que es un organismo privado cuyo objetivo fundamental es la coordinación de políticas monetarias entre los bancos centrales, el Comité de Basilea es un sub-organismo con una estructura burocrática independiente de la del BPI, que se encarga de generar recomendaciones de supervisión bancaria y de monitorear su aplicación, con la idea de que los reguladores nacionales (bancos centrales y/o otros organismos) las apliquen en sus respectivos sistemas nacionales.

 

El primer paquete regulatorio producido por dicha entidad internacional fue el Concordato de 1975 que surgió como respuesta ante la quiebra de grandes bancos internacionales de importancia sistémica como el  Franklin National Bank of New York, en el cual se acordó que los reguladores de la jurisdicción del país de origen del banco fuera la entidad responsable de regular las actividades del banco a nivel internacional.[5]

 

Los siguientes paquetes regulatorios emanados del Comité de Basilea han tenido como objetivo principal armonizar mundialmente niveles de adecuación de capital, que en palabras simples son criterios de reserva de capital que los bancos deben de salvaguardar (es decir no comprometerlos en préstamos) para enfrentar escenarios de impago. En el año de 1988, se produce Basilea I el primer paquete regulatorio que estableció requerimientos de capital a los bancos, en respuesta a la crisis de endeudamiento de 1980. Posteriormente, a causa de las crisis financieras de la década de los noventa (como la de México 1994, Este asiático 1997, Rusia 1998 etcétera) en el seno del Comité se discuten y negocian reformas a Basilea I, que finalmente son presentadas como un nuevo acuerdo, Basilea II en el año 2004. Finalmente, la evolución del sistema financiero global que derivó en la crisis financiera global de 2008, provoca en el año 2010, la formulación de un tercer paquete regulatorio conocido como Basilea III.

 

Es importante señalar que la participación de las autoridades bancarias de países en desarrollo (ABPE) en la formulación de los estándares bancarios internacionales ha sido marginal con excepción de la última reforma.  Durante la década de los ochenta, la relación de las ABPE con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) se limitó a la creación de mecanismos de cooperación y asesoramiento técnico que promovieran y facilitaran la adopción de las regulaciones en dichos países. Fue en la conferencia bienal de supervisores bancarios de 1988, cuando el CBSS formalmente anunció el establecimiento de una red de supervisores bancarios regionales y un programa de capacitación técnica hacia los supervisores de las economías emergentes. Algunos de estos grupos regionales de supervisores, ya existían antes de vincularse con el Comité de Basilea y otros surgieron a partir de su iniciativa. De acuerdo con Porter y Wood para el año de 1998, ya operaban diez grupos regionales que cubrían prácticamente todas las regiones del mundo, y su función principal fue promover el flujo de información y buenas prácticas para implementar de forma eficaz y eficiente los estándares emanados de Basilea.[6]

En el año de 1997, del CSBB emanó el documento Core Principles for Banking Supervision. Es importante decir que el proceso de formulación de dicho documento, contempló la relativa participación de autoridades bancarias de países no miembros del G-10 como Brasil, Chile, China, Hong Kong, Hungría, Malasia, México, Tailandia entre otras. De acuerdo con lo expresado en el documento, los 25 principios contenidos en él fueron formulados con el objetivo de ser un marco de referencia para las autoridades nacionales que estuvieran tratando de fortalecer sus regímenes regulatorios y fue un documento que oficialmente tuvo como objetivo elaborar regulaciones que reflejaran en mayor medida las condiciones y la realidad de la industria bancaria en las economías emergentes. Cabe señalar también, que el Comité de Basilea enfatizó que el FMI y el Banco Mundial co-participaran como organismos verificadores de la implementación de dichos estándares. De hecho el CSBB solicitó abiertamente al FMI y al Banco Mundial que incorporara los estándares formulados en sus políticas de condicionalidad hacia países con inestabilidad financiera y macroeconómica.[7]

Aunque aparentemente las ABPE tuvieron un papel más central en la formulación de los estándares bancarios internacionales durante la década de los noventa, se argumenta que en términos reales su papel siguió siendo de naturaleza periférica si se toma en cuenta que el Documento de Principios Fundamentales de 1997, aunque fue más sensible a las condiciones de los sistemas financieros de países en desarrollo, estuvo enmarcado en una dinámica en la cual las autoridades de los países desarrollados adjudicaron la responsabilidad de las crisis de los noventa a las incorrectas prácticas de las autoridades  de los  países en desarrollo..

Quizá el cambio más relevante con respecto a la relación entre el Comité de Basilea y las ABPE, es la inclusión formal, entre el año 2008 y 2009, de diversas autoridades bancarias de un buen número de países emergentes. Obedeciendo a una lógica de relativa reconfiguración de poder económico a nivel internacional, en donde foros como el G-20 comenzaron a tomar un lugar más central en la gobernanza económica global, el Comité de Basilea, extendió su membresía a un total de 27 miembros entre los que se encuentran países en desarrollo como Brasil, México, India, Indonesia, Rusia, Arabia Saudita entre otros.

Como miembros formales del Comité, las ABPE tienen el derecho de participar en todos los procesos de formulación de estándares y tienen las mismas facultades que las autoridades de cualquier otro país,  si se toma en cuenta que el principio de toma de decisión en dicho organismo es el de consenso. En términos reales, sin embargo, falta ver como evoluciona la participación de las ABPE en la gobernanza bancaria para tener mayores elementos que puedan indicar hasta qué punto la reconfiguración de fuerzas en el organismo se materializa diluyendo consigo la división informal entre autoridades formuladoras de reglas o rule makers (en donde se encuentran fundamentalmente los países del G-10) y autoridades acatadoras de reglas o rule takers (categoría que describe básicamente a las autoridades bancarias nacionales que no forman parte del G-10). Para ello en la siguiente sección se muestra como los paquetes regulatorios anteriores a Basilea III, han estado delineados por sesgos tendientes a desfavorecer y/o a no incluir las necesidades de los países en desarrollo.

 

2-      La actividad regulatoria del Comité de Basilea y sus efectos distributivos entre países desarrollados y en desarrollo.

 

El Acuerdo de Basilea I es uno de los primeros ejemplos importantes que muestran como la estructura excluyente del Comité en los años ochenta, derivó en la formulación de estándares internacionales con claros sesgos, en el sentido de que las normas incluidas en dicho documento, inherentemente crearon efectos distributivos tendientes a desfavorecer a los países en desarrollo.

 

Algunos autores sostienen que lo estipulado en Basilea I, no sólo fue insensible a las necesidades financieras de los países en desarrollo, sino que además fue directamente incompatible con los objetivos de las transferencias de recursos que tanto el FMI como el Banco Mundial echaron a andar hacia varios países en desarrollo al finalizar la década de 1980. De acuerdo con los criterios y principios de Basilea I, los bancos internacionales deberían aumentar las tasas de interés en los créditos concedidos a autoridades y empresas de países en vías de desarrollo al ser éstos deudores más riesgosos, lo cual representó altos costos si se toma en cuenta que a finales de la década de los ochenta, la banca primermundista era responsable de aproximadamente el 30% del crédito disponible en los países en desarrollo.[8] En este sentido, es importante mencionar que algunos estudios llegaron a la conclusión, tras analizar la evolución del crédito en diversos países emergentes, de que las reglas de Basilea I contribuyeron a una desaceleración del crédito y a un aumento en la prociclicidad en la concesión del mismo[9].

 

En cuanto al acuerdo de Basilea II, se puede afirmar que continuó en la misma dirección. Al respecto es importante tomar en cuenta que uno de los principales cambios contenidos en dicho acuerdo tuvo que ver con la forma de determinar el riesgo de potenciales deudores y las reservas de capital que los bancos deberían de mantener. A diferencia del acuerdo de Basilea I que planteaba que el riesgo y las reservas de capital debían fijarse por los supervisores nacionales, Basilea II estipuló que las evaluaciones y ratings de las agencias calificadoras (como Standard and Poors, Fitch Ratings o Moody’s), fueran un criterio relevante en la  determinación del flujo de préstamos hacia deudores y en la fijación de niveles de reservas de capital que los bancos deberían de mantener. Si se toma en cuenta que tanto las instituciones financieras de las economías emergentes como los instrumentos de deuda soberana de éstos países, sistemáticamente son calificados con menores índices por parte de las agencias calificadoras, las reglas de Basilea II, limitaron el flujo de crédito, lo encarecieron y promovieron la prociclicidad generada desde Basilea I, dentro de un contexto en el cual diversos países en desarrollo volvieron a sufrir periodos de crisis financieras y por ende requerían de crédito externo. [10]

 

El acuerdo de Basilea III a diferencia de sus antecesores, incluye criterios más estrictos para la actividad bancaria, al establecer una definición de capital más estricta, y al elevar los niveles de requerimientos de capital de un 4% estipulado en Basilea II a un 8.5%. Asimismo, Basilea III añade un ratio de conservación de capital no presente en los anteriores acuerdos e incluye criterios de conservación para Bancos Globales de Importancia Sistémica y componentes ‘macroprudenciales’ que tienen el objetivo de crear reservas de capital que disminuyan los riesgos sistémicos y las dinámicas procíclicas de crédito que las economías nacionales experimentan cuando se encuentran en periodos de desaceleración.[11]

 

A pesar de lo anterior, algunos analistas como Ghosh, Sugawara y Zalduendo estiman que la adopción de Basilea III, tendrá un impacto negativo en los PED por la baja en los flujos de capital comercial y financiero proveniente de las bancas de los PD.[12] Por su parte, Cosimano y Hakura prevén que Basilea III tendrá el efecto de aumentar las tasas de interés de los créditos lo cual disminuirá el nivel de éstos tanto para las economías en desarrollo como para las desarrolladas. [13]Aunque desde nuestro punto de vista, el acuerdo de Basilea III, no presenta rasgos tan claros de ser un acuerdo que desfavorece solamente a los PED, ya que los efectos adversos bien podrían extenderse a los países desarrollados, es importante hacer notar que ha sido un paquete regulatorio que ha generado diversas presiones políticas al interior de los países miembros para evitar su implementación. Como es de esperarse, los primeros actores en ejercer su poder de cabildeo a nivel nacional para retrasar o suspender la adopción de las regulaciones, han sido los bancos establecidos tanto en jurisdicciones de países en desarrollo como en los desarrollados. El principal argumento proveniente de la industria es que los requerimientos de capital contenidos en Basilea III son extremadamente altos lo cual reducirá drásticamente su capacidad de financiamiento a las actividades productivas y reducirá considerablemente su capacidad de generación de ganancias.

 

Para ejemplificar el desacuerdo de la industria bancaria a nivel internacional con respecto a Basilea III, considérese que JP Morgan y Citigroup dos de los principales bancos a nivel mundial, han establecido su franca oposición a la implementación nacional de los acuerdos por juzgarlos sumamente negativos en sus políticas de otorgación de crédito. Inclusive el CEO de JP Morgan, Jamie Demon, públicamente etiquetó a Basilea III como un conjunto de regulaciones profundamente anti-estadounidenses.[14]Considérese también que en países en desarrollo como México, a pesar de que sus autoridades afirman que los bancos que operan en su jurisdicción cuentan con los niveles apropiados de capital como para adherirse a Basilea, el sector bancario de dicho país pidió en el año 2012 que se retrasase un tiempo la adopción de dichas medidas. A nivel internacional, la presión de la banca internacional ha sido tal, que en el G-20 se decidió ampliar el plazo límite para la aplicación de Basilea III hasta el año 2019.[15]

Hasta aquí, se puede resumir que los PED han sido sistemáticamente marginados del epicentro de la formulación de las regulaciones bancarias. Esto ha provocado que algunos paquetes regulatorios hayan contenido importantes sesgos que no favorecen a las circunstancias económicas de muchos PED. Con respecto al último de los paquetes regulatorios éste ha sido profundamente criticado por una diversidad de actores de la comunidad financiera global. A pesar de lo anterior y de que las regulaciones bancarias aquí analizadas, no son legalmente vinculatorias, aun así las autoridades bancarias de diversos países en desarrollo han cumplido con e implementado las regulaciones del Comité de Basilea. De acuerdo a los propios reportes del organismo, para el año 2013, alrededor de 54 países en desarrollo no miembros del Comité, están en proceso de implementar nacionalmente las regulaciones de Basilea II, y 26 países en desarrollo no miembros del Comité han realizado avances en la adopción de los estándares incluidos en Basilea III.[16]

3-      Estándares financieros internacionales, soft laws y las dinámicas políticas de adherencia por parte de los PED: El caso de México

Lo anterior lleva a formularse una pregunta de suma relevancia teórica y empírica. ¿Qué factores explican que los países en desarrollo que sistemáticamente se han visto marginados del proceso de formulación, hayan cumplido con una serie de regulaciones no vinculantes, y cuya pertinencia ha sido cuestionada? Para avanzar algunas respuestas tentativas a la pregunta, en las siguientes líneas se explora el caso de las regulaciones de Basilea y su internalización en México.

Es importante señalar que el caso mexicano provee ciertas características que lo hacen valioso en términos teóricos y empíricos por las razones que a continuación se mencionan. En primer lugar a pesar de que por presiones políticas el Comité de Basilea ha extendido el plazo para adoptar Basilea III (hasta el año 2019), México es el primer país en desarrollo en donde formalmente se anunció la implementación de dichas reglas, con más de cinco años de anticipación. En segundo lugar, a pesar de que el acuerdo de Basilea III ha sido severamente cuestionado y ha generado resistencia política a nivel global, las autoridades bancarias mexicanas han adoptado de forma inusualmente expedita y formal el Acuerdo de Basilea III, al elevar las estipulaciones de la soft law internacional a rango de ley federal a través del la reforma financiera promulgada por el ejecutivo mexicano en mayo de 2013. En tercer lugar, aunque México hoy forma parte del G-20 y del Comité de Basilea, pertenece al grupo de países que han sido históricamente excluidos de la formulación de los estándares. En cuarto lugar, la evolución del crecimiento de la economía mexicana (cercano al cero % durante más de una década) levanta severas dudas acerca de la compatibilidad de Basilea III con las condiciones económicas del país.

Antes de abordar directamente la relación entre los acuerdos emanados del Comité de Basilea y las autoridades bancarias mexicanas, es necesario establecer de forma concisa qué tipo de postulados teóricos se han desarrollado para explicar la relación entre dinámicas de implementación nacional y aquellos reglas internacionales no vinculantes, referidas en la jerga de las Relaciones Internacionales como soft law.

3.1 La ‘Soft law’ y su implementación nacional desde una perspectiva teórica

El concepto de soft law se refiere a toda aquella normatividad internacional que tiene determinado efecto en la conducta interna o externa de los países aún y cuando carece de los tres elementos definitorios de lo que los juristas internacionales llaman ley o tratado internacional. En primer lugar no es formulada por representantes diplomáticos conferidos con la facultad de representar la voluntad de un estado soberano. En segundo lugar, son acuerdos que no requieren de procesos de ratificación por parte de las asambleas nacionales. En tercer lugar, es normatividad no vinculatoria y usualmente toma la forma de recomendaciones, buenas prácticas, y/o estándares no obligatorios.

El cuadro 1, recoge y resume los principales postulados que teorizan sobre las dinámicas políticas que llevan a los Estados a internalizar e implementar las soft laws.

 

 

 

Principales postulados teóricos sobre el cumplimiento de la soft law[17]

Postulado 1 Los agentes y dinámicas del mercado internacional pueden ejercer presión extra-jurídica a las autoridades de estatales, para que implementen código o estándares internacionales. La presión ejercida tiene que ver con la disciplina económica ejercida por los mercados, en el sentido de sancionar económicamente al Estado que no cumpla con los estándares internacionales.
Postulado 2 Algunos organismos internacionales con la capacidad de sancionar efectivamente el incumplimiento con ciertos principios y normas de conducta, integran las normatividad contenida en la soft law y utilizan sus herramientas de presión para ‘promover’ su cumplimiento. Este argumento también podría aplicar hacia los mecanismos presión con los que cuentan algunos gobiernos para presionar a ciertas contrapartes.
Postulado 3 Los incentivos de las autoridades estatales para cumplir con ‘ley internacional no obligatoria’ tienen que ver con dinámicas de prestigio internacional. Desde una perspectiva constructivista, el postulado propone que el proceso social de formulación de estándares, conlleva la estructuración inter-subjetiva de un problema y un acuerdo colectivo sobre la ruta de acción óptima. Por lo anterior, el no cumplimiento con la norma genera costos de prestigio y percepción de las contrapartes.

 

Como se puede ver en el cuadro anterior, pueden existir diversas dinámicas políticas que expliquen la implementación de soft law a nivel nacional. Argumentamos que todas ellas pueden ser aplicables para países desarrollados y países periféricos, con la salvedad de que éstos últimos recurrentemente se encontrarán en una posición de mayor debilidad que acrecentará la fuerza de los distintos tipos de presión para ajustarse con la normatividad internacional no vinculante.

 

3.2 México y el cumplimiento con los Acuerdos de Basilea: de la obediencia por debilidad a la adhesión por conveniencia.

Sin lugar a dudas, la evolución del sector bancario mexicano es una de las más interesantes a nivel mundial, por las profundas transformaciones que sufrió durante los últimos años del siglo XX en lo que respecta a la participación de banca extranjera y en cuanto a la relación entre la élite bancaria con la gubernamental. Para los efectos del presente documento, nos limitaremos a mencionar algunos de los aspectos de la evolución de la industria bancaria mexicana que creemos han impactado en la relación entre el sistema bancario mexicano y las regulaciones financieras internacionales emanadas del Comité de Basilea.

 

3.2.1 La evolución del sistema bancario mexicano en 1990 y el no cumplimiento con las regulaciones bancarias internacionales. 

Diana Thorburn elabora un recuento bastante preciso sobre la economía política de la evolución del sistema bancario mexicano, que a su vez nos resulta útil para explicar la posición inicial de México frente a los estándares internacionales desarrollados en Basilea. De acuerdo con la autora, a partir del año de 1991, la política del gobierno mexicano con respecto al sector bancario, dio un giro fundamental al reprivatizar la banca nacional, que había sido nacionalizada por el gobierno de José López Portillo a principios de la década de los ochenta. Dicha reprivatización de los bancos fue una pieza fundamental en la agenda de liberalización económica de México, puesta en marcha por el gobierno de Carlos Salinas (1988-1994). Dentro de la estrategia del gobierno, era fundamental restablecer una alianza (temporalmente dañada por la nacionalización de los bancos) con la élite financiera nacional a través de proveerles determinadas concesiones y privilegios.[18] En este sentido, de acuerdo con Carlos Marichal, la restructuración del sistema financiero mexicano durante esos años derivó en una transferencia de poder hacia un pequeño grupo de inversores que se consolidaron como la nueva oligarquía financiera (los nuevos banqueros), compuesta de no más de 234 hombres de negocios, que lograron amasar grandes fortunas en poco tiempo, y que contaban en cada uno de los niveles con el apoyo de la alta cúpula de tecnócratas y políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).[19] Uno de las principales concesiones políticas dadas al grupo de los nuevos banqueros, fue la de la protección económica ante un proceso de liberalización comercial.

Al respecto, bajo la ley de sociedades de crédito, se prohibió la participación de capital extranjero en el sector financiero mexicano, y conforme la ‘oleada aperturista’ fue avanzando, la élite gubernamental fue enviando señales claras de que mantendrían el sector financiero protegido el mayor tiempo posible. Thorburn resalta que en un documento elaborado por Pedro Aspe, uno de los principales tomadores de decisión de la élite gubernamental,  se mencionó que:

Antes de abrir el sector financiero a la competencia internacional, es aconsejable darle tiempo a las instituciones nacionales para que se vayan familiarizando con las condiciones de mayor competencia interna.[20]

 

El esquema proteccionista descrito anteriormente, no solamente blindó a los ‘nuevos banqueros’ de la competencia internacional, sino también les permitió estar prácticamente aislados de las regulaciones bancarias internacionales que para 1988 ya se habían formulado en el Comité Basilea. Como se mencionó anteriormente, el Acuerdo de Basilea I fue un paquete de regulaciones tendientes a regular el mercado al haber estipulado como una de sus principales medidas que las ABPE establecieran niveles de conservación de capital para los bancos y que se establecieran esquemas más rigurosos de supervisión bancaria. En otras palabras, el esquema regulatorio propuesto desde Basilea era a todas luces incompatible con el esquema político de protección y concesión de libertades que las autoridades bancarias nacionales (ABN) mexicanas le proporcionaban a su sector. Es más por la crisis bancaria y financiera que se desató unos años después en México, se puede válidamente inferir que la política de las ABN mexicanas durante los últimos años de los ochenta y principios de los noventa fue el de propiciar un contexto regulatorio débil en el cual los bancos mexicanos pudieran operar con niveles bajos de conservación de capital para que fueran capaces de generar grandes ganancias, aunque en un determinado momento, ello no les permitiera responder ante un escenario de estrés financiero.

Lo anterior nos deja ver claramente que aunque México durante finales de la década de los ochenta a raíz de la crisis de endeudamiento fue una economía bastante vulnerable a las presiones de los Organismos Internacionales por su necesidad de obtener financiamiento externo, dicha vulnerabilidad ante entidades de poder externas no se tradujo automáticamente en que México adoptara y cumpliera con el Acuerdo de Basilea I. En este caso en particular, la relación política entre la élite gubernamental y la élite bancaria-financiera del país, fue un factor que determinó de forma más importante el grado de cumplimiento con el estándar internacional, en el sentido de que el gobierno prefirió abonarse el respaldo político de la élite financiera por encima de incorporar estándares que proveyeran de estabilidad al sistema bancario mexicano, por medio de regular las actividades riesgosas del sector. Por lo anterior, no hay evidencia de que México durante los últimos años de la década de los ochenta y principios de  los noventa, haya cumplido con alguna de las estipulaciones de Basilea I.

3.2.2 México, la incorporación tardía de Basilea I y la adherencia formal y completa a Basilea II

La historia entre las autoridades bancarias mexicanas y los estándares producidos por el Comité de Basilea durante la última parte de la década de los noventa y los primeros años de los dos mil, es una muy distinta a la que dicho país tuvo años atrás. Durante estos años, México transformó radicalmente su actitud política hacia las RBI al incorporarlas de forma bastante extensa.

Como se mencionó con anterioridad, la no adhesión a los estándares internacionales de conservación de capital provocó (entre otras causas) que en 1995 el sector bancario mexicano precariamente regulado, experimentara una de las peores crisis bancarias que se han vivido en dicho país. Se estima que además de los treinta mil millones de capitales que salieron de la economía mexicana a causa de la devaluación del peso, la crisis dejó al sistema bancario con un problema de cartera vencida de 60 mil millones de pesos, equivalente a más de tres veces el porcentaje promedio a nivel internacional.

Ante la gravedad de la crisis, el Fondo Monetario Internacional (FMI) (junto con los E.E.U.U.) tuvo que formular uno de los más grandes rescates masivos hacia una economía nacional. El paquete de rescate del FMI fue de 50 mil millones de dólares, con lo cual la vulnerabilidad política del gobierno mexicano hacia el organismo internacional se agudizó aun más. Tal fue el hecho, que inclusive el Estado mexicano tuvo que aplicar recomendaciones del organismo que tuvieron impactos adversos para la economía nacional. Una de las principales recomendaciones del FMI fue la de aplicar una política de altas tasas de interés encaminadas a recuperar la confianza de inversionistas internacionales en los bonos gubernamentales, aunque dicha medida terminó agravando la crisis bancaria que experimentaba el país, puesto que la medida tuvo el efecto adverso de reprimir los niveles de consumo e inversión.[21]

Además de que la crisis de 1995, recrudeció la vulnerabilidad de país ante las presiones externas, también reconfiguró la relación política entre la élite gubernamental y la financiera. El desplome del sistema bancario mexicano, dio origen a una agresiva extranjerización de la banca mexicana con lo cual el arreglo político de proteger a los banqueros mexicanos terminó de forma vertiginosa. El gobierno mexicano, ya bajo el mandato de Ernesto Zedillo y con la ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) de 1998, canceló la política de protección a la élite financiera mexicana al eliminar las restricciones de propiedad extranjera sobre los bancos nacionales. Como lo muestra el siguiente cuadro, dicha política provocó que en un periodo inusualmente corto de tiempo, el sector bancario mexicano pasara de ser uno controlado por inversionistas nacionales a ser uno los sectores bancarios latinoamericanos con mayor presencia de inversionistas extranjeros.

Cuadro no. 2 Porcentaje de activos totales propiedad de extranjeros para algunos países de América Latina. [22]

  1996 1997 1998 1999 2001 2002
Argentina 27 46 48 71 64 n/d
Brasil 10 13 21 24 39 n/d
México 10 4 4 8 48 66

 

Como se puede apreciar, entre 1999 y el año 2002 el sector bancario mexicano pasó a ser prácticamente dominado por capitales extranjeros. En el año 2001, el banco mexicano más grande en términos de activos (Banamex), fue adquirido por el grupo estadounidense Citigroup lo que simbólicamente dilapidó la política salinista de ‘mantener en manos mexicanas’ al sector bancario como una herramienta de poder y control.[23]

A partir de los hechos descritos anteriormente, la relación de México con respecto a las regulaciones bancarias internacionales (RBI) originadas en el Comité de Basilea cambió radicalmente puesto que las autoridades bancarias mexicanas a finales de los noventa comienzan una política de adherencia a las principales RBI. Al ya no tener que proteger y dar concesiones a una élite bancaria nacional, y al recibir presiones exógenas y endógenas, las autoridades mexicanas se vieron obligadas a comenzar a adherirse a las buenas prácticas internacionales sobre supervisión bancaria. A continuación se detallan como operaron dichos factores.

Los factores endógenos que determinaron la adherencia de México a las RBI.

La incorporación mexicana de los estándares de Basilea obedeció (en parte) a una dinámica política de índole interna, en la cual las exigencias por regular de manera adecuada al sector bancario fueron constantes por parte de diversos grupos políticos. Al respecto no se puede dejar de señalar que el hecho de que el gobierno hubiera tenido que rescatar a una gran parte de los bancos quebrados con fondos públicos a través del Fondo Bancario para la Protección del Ahorro (FOBAPROA), provocó que se realizarán diversas investigaciones sobre lo que realmente había producido la falla de casi todos los bancos que conformaban el sistema. Dicha investigación conocida como el ‘Reporte Mackey’, encontró que no solamente las variaciones tan severas del tipo de cambio estaban detrás de las quiebras de los bancos, sino además diversas irregularidades en la conducción de los mismos y prácticas corruptas  como los famosos auto-préstamos, habían terminado por poner en jaque a la economía mexicana.[24]

Lo anterior puso a la relación entre el gobierno y la nueva élite financiera extranjera en el centro del debate político. Al respecto diversas voces críticas (partidos políticos mayoritarios y organizaciones sociales) enfatizaban que la entrada de los grandes bancos al sistema mexicano representaba un riesgo mayúsculo para los ahorros de los ciudadanos. Por tal, demandaban que el gobierno diera ciertas garantías de que un evento como el del año 1995 no se volviera a repetir. Esto provocó que las autoridades bancarias transformaran sus objetivos de política y los direccionaran a crear un sistema bancario en donde lo que imperara fuera la estabilidad, por lo que de manera endógena se crearon fuertes incentivos para incorporar de manera completa y formal las regulaciones internacionales de Basilea.

Los factores exógenos que determinaron la adherencia de México a las RBI.

Como se dijo anteriormente, la incorporación formal y real de las RBI al sistema mexicano,  no sólo puede ser explicado por la compatibilidad de los objetivos de política del gobierno con las estipulaciones de las RBI, sino que otra de las aristas a considerar es sin duda la coerción que los organismos internacionales comenzaron a ejercer sobre México para que comenzara a incorporar los estándares bancarios internacionales. A través del Financial Sector Assesment Program (FSAP) y del Reports on the Observance of Standards and Codes (ROSC), tanto el FMI como el Banco Mundial, a partir del 2001 comenzaron a monitorear de manera periódica, los avances que México iba mostrando con respecto a los estipulado por sus estándares. El reporte de evaluación sobre México, aún activo, lleva el nombre de Mexico: Detailed Assessment of Observance of Basel Core Principles, muestra como paulatinamente México ha ido implementando las metas de política pública que las autoridades de los organismos internacionales han establecido.

Con base en una revisión sobre las diversas evaluaciones realizadas por el staff team encargado de monitorear a México, el siguiente cuadro sintetiza el proceso de monitoreo de la implementación y cumplimiento de México con los principales estándares bancarios emanados del Comité. Como se puede apreciar, la obediencia de México con respecto a dicho mecanismo de presión fue tal, que en pocos años México alcanzó un nivel de cumplimiento con casi la mayoría de los estándares de supervisión estipulados tanto en Basilea I y II. Al respecto, el contenido de las evaluaciones realizadas por el FMI cubren un bueno número de dimensiones que van desde la adopción de regulaciones prudenciales de conservación de capital hasta exámenes sobre la adecuación institucional de las entidades supervisoras bancarias mexicanas con respecto a lo recomendado por el Comité de Basilea.

Hasta aquí se puede proponer que aunque México fue un país que tardíamente comenzó a incorporar las RBI, una vez que inició dicho proceso, mostró un tipo de incorporación formal y completa. Al respecto, dos son los factores que pueden explicar este resultado, por un lado la presión ejercida por los organismos internacionales y por el otro, los objetivos de política por parte del gobierno y las ABN que posterior a la crisis de 1995, estuvieron dirigidos a crear un sistema bancario mucho más estable y mejor supervisado. Es decir, posterior a la crisis de 1995 los acuerdos de Basilea fueron paquetes regulatorios mucho más compatibles con los objetivos de política de las autoridades.

No obstante lo anterior, en las siguientes líneas se plantea que la dinámica de adherencia de México hacia las regulaciones bancarias internacionales (RBI) ha comenzado a reconfigurarse en los últimos años, por lo que se argumenta que la adopción de México de las normas del último acuerdo bancario internacional, obedece a una lógica cualitativamente distinta a la que líneas arriba se intentó explicar.

Cuadro No. 3 Monitoreo sobre la adopción de México de las regulaciones del Comité de Basilea 2001-2012.[25]

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3.2.3 De la debilidad a la adopción por conveniencia: México y las razones de su adherencia a Basilea III.

Durante los últimos meses del año 2012, en diversos foros nacionales e internacionales, el secretario de hacienda mexicano, Luis Videgaray, anunciaba que a partir del mes de Enero de 2013, el sistema bancario mexicano comenzaría a adoptar las normas estipuladas en el Acuerdo internacional de Basilea III. En diversas ocasiones tanto L. Videgaray como Guillermo Babatz Torres, Presidente de la Comisión Bancaria y de Valores, subrayaron que México sería de los primeros países en adoptar dichas regulaciones incluso por delante de algunos otros países desarrollados que han retrasado su adherencia a las RBI.

En términos generales, las autoridades regulatorias del sector bancario mexicano establecieron los siguientes beneficios de cumplir con Basilea III:

  1. a) En primer lugar, los niveles de capitalización actuales del sistema bancario permitirán a la banca mexicana adherirse a los niveles de adecuación de capital prácticamente sin efectos negativos.
  2. b) El segundo es tener un marco regulatorio más sólido que prevenga periodos de inestabilidad como la experimentada en la crisis del 2008.
  3. c) El tercero es elevar el reconocimiento internacional sobre la fortaleza del sistema bancario mexicano.
  4. d) El cuarto punto es  que ante un eventual escenario de inestabilidad en los bancos, sean sus dueños los que aporten los recursos para su propio rescate y no los contribuyentes y usuarios.[26]

En el discurso sobre la promulgación de la reforma financiera en enero del 2014, el Secretario Videgaray estableció que:

de conformidad con lo dispuesto en el consenso de Basilea III, se elevan a rango de ley las normas para la conformación y calidad del capital actualmente contenidas en regulaciones administrativas. México es, por ende, uno de los primeros países en adoptar a nivel de ley el consenso de Basilea III.[27]

A partir de lo anterior cabe preguntarse por qué México cumple con Basilea III, uno de los acuerdos más cuestionados y rechazados por la industria bancaria global, y que de acuerdo a algunos especialistas sus posibles efectos en el nivel de crédito podrían estar lejos de ser benéficos para países con bajo crecimiento. En primer término, descartamos que la lógica política de la presión del FMI sobre México sea la motivación principal de Basilea III, ya que argumentamos que las condiciones de la relación entre estas dos entidades han cambiado sustancialmente. Durante los años anteriores al 2012, México realmente no se encontró en una posición de debilidad ante los Organismos Financieros Internacionales, si se toma en cuenta sus niveles de capitalización, confianza expresada por el mercado, y su participación en foros de gobernanza global que dan cuenta de una relativa reconfiguración de fuerza hacia algunos países emergentes. Por ello, a continuación se plantean dos hipótesis complementarias entre sí, acerca de las razones que han llevado a México a realizar tan atípico proceso de adhesión hacia Basilea III.

Hipótesis número 1

La primera de estas hipótesis argumenta que la adopción de Basilea III en México obedece a una estrategia por parte de las autoridades bancarias, que tiene como objetivo evitar una dinámica de arbitraje regulatorio en contra del sistema bancario mexicano. El arbitraje regulatorio, es definido, como las ventajas que puede obtener determinado sistema bancario en hacer a sus propios bancos más competitivos en relación a los bancos de otra jurisdicción nacional o en atraer inversionistas de dicha  industria a su territorio, que puede obtener a partir de relajar o suprimir las regulaciones y procesos de supervisión en su industria en comparación a lo que sucede en otros territorios.[28] Por ejemplo, gran parte de la presión que ejerció EEUU hacia los demás miembros del Comité de Basilea por formular e implementar Basilea I durante la década de los ochenta, tuvo que ver con que las regulaciones nacionales estadounidenses de aquel periodo, eran considerablemente más estrictas que las de otros países, lo que ponía en franca desventaja competitiva a sus bancos frente a los bancos que operaban en otros contextos nacionales menos regulados.[29]

En el caso de México, la adopción tan expedita de Basilea III, es posible que obedezca a una lógica similar si se toma en cuenta que en la actualidad los bancos que operan en el sistema bancario mexicano, cuentan con niveles de capitalización aceptables. Después de la crisis de 1995, México comenzó a llevar a cabo un proceso de modernización  como respuesta al cuasi-colapso de su sistema bancario a raíz de su crisis financiera, y al masivo rescate bancario que se tuvo que hacer con fondos públicos y que equivalió a un 17% del PIB de aquel entonces.[30] Como lo muestra la siguiente gráfica desde el año de 2006 los niveles de adecuación de capital de los bancos que operan en México han estado por encima de los niveles de adecuación que han estipulado los acuerdos de Basilea. De acuerdo con Skelton, para el año de 2012, el banco mexicano con los niveles de capitalización más bajos (9.8%) cumplía sin problemas con los  niveles de conservación de capital que estipula Basilea III que son del 8%.[31]

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Fuente: Elaboración propia con datos de: Edward C. Skelton, Mexican Banks get a head of new global capital Standards.

 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con los bancos que operan en otras jurisdicciones nacionales. Por ejemplo para junio de 2011, los 27 bancos europeos más grandes hubieran enfrentado un déficit de capital equivalente a 242 billones de euros si la normatividad de Basilea III hubiera operado sobre ellos.  Por otro lado la FED estadounidense reportó que para el año de 2012, los 12 bancos estadounidenses más importantes tenían un déficit de 50 billones de dólares con respecto a los requerimientos de conservación de capital contenidos en el acuerdo internacional.[32] Como se mencionó anteriormente, dicha discrepancia en lo relativo al cumplimiento con los niveles de capital irónicamente puede actuar en detrimento del sistema bancario que los cumple. En este caso para México, puede ser inconveniente que otros de los principales sistemas bancarios del mundo no cumplan con las estipulaciones de Basilea,  si se toma en cuenta que entre mayores sean los niveles de conservación de capital, mayores pueden ser los niveles de encarecimiento del crédito, lo que no solamente repercute en los niveles de flujo de capital a empresas nacionales, sino también en las decisiones de inversionistas extranjeros que buscan establecerse en climas económicos que tengan tasas de interés activas menores.

Por lo anteriormente mencionado, argumentamos que el cumplimiento tan puntual con Basilea III por parte de México puede tener la intención de ‘nivelar el campo’ internacional a través de presionar a los demás miembros del Comité para que aceleren la implementación de Basilea III y eleven sus niveles de capitalización. En este sentido, a diferencia de la presión ejercida por los EEUU para la adopción de Basilea I, la forma que tienen las autoridades bancarias mexicanas de presionar a sus contrapartes, es a partir de predicar con el ejemplo, y crear presiones de prestigio como las descritas en el cuadro número uno, para que los miembros de Basilea (y otras jurisdicciones que no formen parte del organismo) aceleren la adopción e implementación de los estándares.

Hipótesis número 2.

La hipótesis número dos que proponemos, es que la adopción de México del acuerdo de Basilea III, también obedece a una lógica de aseguramiento de reformas de índole interno que el gobierno federal ha planteado. En especial nos referimos a la reforma financiera que el gobierno del presidente mexicano promulgó en el mes de enero del 2014 y que se presentó en mayo del 2013 a través del mecanismo político llamado Pacto por México.

Aunque por razones de espacio, no entraremos en los detalles de la misma, es suficiente decir que de acuerdo con el discurso gubernamental, dicha reforma tiene como objetivo  impactar sobre cuatro ejes fundamentales: incrementar el crédito a través de la banca pública de desarrollo; incrementar la competencia en el sector financiero; ampliar el crédito de las instituciones financieras privadas, y asegurar la solidez y prudencia del sector financiero en su conjunto.

Nos concentraremos en abordar los dos últimos objetivos que son los que tienen mayor relación con nuestro objeto de estudio. Con respecto al tercer objetivo, México es considerado un país con una baja penetración del sector financiero en las actividades económicas, en comparación con otras economías nacionales.[33] De acuerdo a un estudio especializado, el sistema bancario nacional cuenta con:

[Una] baja penetración, tanto del crédito intermediado por la banca y otras entidades, como del financiamiento a través de mercados de deuda y capital…para fines de la década de los noventa en México, la penetración del crédito bancario había llegado a mínimos históricos. El crecimiento de la última década partió de esos niveles. Aunado a la baja penetración, existen estudios que muestran que en México, hay un bajo nivel de inclusión financiera. Esto se manifiesta cuando grandes segmentos de la población están parcial o totalmente fuera de los mercados financieros tradicionales y no disponen de instrumentos financieros formales de ahorro y crédito, compatibles con las características de su economía familiar y ciclos de ingreso. [34]

Para corregir el anterior problema, la Reforma Financiera establece la simplificación de los regímenes para el otorgamiento y ejecución de las garantías crediticias, con el objeto de eliminar uno de los principales obstáculos para la actividad financiera en México que es la duración y los costos de los procesos legales encaminados a la recuperación de créditos vencidos. En este sentido, el discurso oficial de la reforma financiera argumenta que al facilitar a los bancos cobrar créditos en situación de impago, eso automáticamente redundará en una reducción en el riesgo de los mismos, en una baja en las tasas de interés activas y por ende en una mayor penetración de la actividad crediticia en la economía mexicana.

La anterior propuesta, ha generado reacciones políticas en el país. Por un lado, desde el rubro de los especialistas económicos se argumenta que dicha concesión a los bancos  no necesariamente redundará en las metas previstas ya que si bien dicha medida mejorará las condiciones del mercado crediticio al poder aumentar la demanda de créditos, no es tan segura la relación causal con menores tasas de interés activa.[35]

Por otro lado, la resistencia política a dicha Reforma ha provenido (en parte) de los partidos de izquierda mexicanos, que inmediatamente calificaron la reforma como una sumisión del gobierno mexicano y de los partidos de centro-derecha a los intereses de la banca internacional que domina el sector bancario mexicano.  Sin entrar en mucho detalle, es suficiente con decir que la principal crítica de los partidos de izquierda hacia la Reforma Financiera, es que ésta: profundiza la extranjerización de la banca en lugar de regular las ganancias exageradas de las grandes instituciones bancarias, aumenta el poder de los bancos sobre el país y criminaliza a los deudores ya que podrán ser arraigados y sus bienes retenidos, mientras que la élite financiera seguirá impune al no codificarse ningún tipo de sanción para aquellas instituciones financieras que provoquen riesgos o inestabilidad.[36]

Independientemente que el autor del presente documento argumenta que algunas de las críticas anteriormente expuestas deben ser matizadas, partimos de la idea de que la Reforma como tal fue una pieza legislativa que despertó animadversiones en el contexto político mexicano lo que  lleva a sugerir que la implementación expedita de Basilea III y su incorporación en rango de ley federal, puede ser interpretada como una forma de ‘equilibrar’ la ley. Es decir la codificación de lo estipulado en Basilea en la ley nacional refleja que aun y cuando los bancos podrán ejercer de manera más ágil el cobro de créditos en vencimiento, al mismo tiempo la banca extranjera que opera en México, seguirá adherida de forma obligatoria a las mejores prácticas internacionales que tienen como objetivo eliminar conductas crediticias irresponsables y disminuir la posibilidad de periodos de inestabilidad sistémica, lo cual seguramente no abonará a incrementar las ganancias para los accionistas de los grandes bancos que operan en México y tampoco provocará que los bancos desempeñen conductas más riesgosas para penetrar en aquellos sectores carentes de herramientas de financiamiento. Es decir, la incorporación de Basilea III dota a las autoridades regulatorias mexicanas de herramientas institucionales de control sobre el sector bancario mexicano. Como lo mencionó en su momento el Secretario de Hacienda la lógica de la incorporación de los estándares internacionales se encamina a poder “evaluar periódicamente el desempeño de los bancos en relación con los niveles de crédito que efectivamente coloquen” y para “fortalecer el marco prudencial actual y dotar a la autoridad de herramientas adecuadas para la regulación y control oportuno del sistema financiero.”[37]

A manera de conclusión, la participación de las autoridades bancarias de países en desarrollo en la formulación de los estándares bancarios internacionales ha sido prácticamente marginal. En las décadas de los ochentas y los noventa las ABPE se limitaron a desarrollar capacidades técnicas para implementar eficazmente los estándares que emanaron de la negociación y consenso  de las autoridades bancarias del G-10. Esto incrustado en un contexto en donde la carga de responsabilidad de la crisis de los ochenta y de las crisis de los noventa fue adjudicado a las economías en desarrollo.

A partir de la última década, a raíz de una reconfiguración relativa del peso económico específico de ciertas economías (catalogadas como emergentes), y de su inclusión en las entidades de gobernanza financiera como el G-20, el Comité de Basilea incorporó a varias ABPE en la toma de decisiones. Aunque todavía falta evaluar hasta qué punto dicha incorporación resultará en la formulación de estándares financieros, que incluyan los intereses, características y necesidades de los países en desarrollo, lo cierto es que tanto Basilea I y II tienen fuertes sesgos que no han favorecido del todo a las economías en desarrollo. A pesar de ello la implementación nacional de dichos estándares por parte de autoridades periféricas ha sido bastante amplia. Con base en el caso de México, podemos decir que la presión por parte de organismos internacionales ante autoridades nacionales en problemas económicos y con la necesidad de recibir trasferencias del exterior, además de una trasformación importante en los objetivos de la política nacional bancaria, constituyeron fuertes dinámicas que pueden explicar la adhesión nacional de regulaciones altamente cuestionadas.

Sin embargo, argumentamos que la dinámica de cumplimiento de los estándares de Basilea requiere de explicaciones alternativas, sobre todo a partir del fortalecimiento económico de algunos países emergentes. En este sentido, sobre las razones que llevaron a México a adherirse a Basilea III, se puede proponer que las regulaciones financieras emanadas del Comité de Basilea, también pueden ser cumplidas por razones de conveniencia y fortalecimiento institucional ya que constituyen herramientas de control y supervisión para los gobiernos de los países en desarrollo. Específicamente para México, sugerimos que la adopción de Basilea III puede interpretarse como un medio para fortalecer a las autoridades mexicanas ante un sector bancario extranjerizado y de nivelar el campo internacional con respecto al desfase entre los relativamente altos niveles de capitalización de los bancos mexicanos y los de otras latitudes.

Aunque posiblemente las circunstancias de México sean demasiado particulares como para tratar de extrapolarlas a los procesos de incorporación de estándares de otras economías emergentes, la historia de la adopción de los estándares internacionales en dicho país muestra que el argumento de que los países en desarrollo se acoplan a las reglas internacionales por mera sumisión y debilidad ante las presiones de los organismos internacionales debe de ser cuestionado.

 

 

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Notas

[1] Actualmente el Comité de Basilea está compuesto por las autoridades de regulación bancaria de 27 jurisdicciones:  Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía.

[2] Ver, Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, Report to G-20 Leaders on monitoring implementation of Basel III regulatory reforms, Agosto 2013, p.23 y 24.

[3] El término soft law en Relaciones Internacionales, se refiere a normatividad internacional no vinculante. Más adelante en este escrito se define con mayor precisión el término.

[4] El G-10 reúne a las autoridades financieras de los siguientes países: Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos,  Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza.

[5] Tony Porter, Globalization and Finance, Polity, Great Britain, (2005): 35.

[6] Tony Porter y Duncan Wood, “Reform without representation? The International and Transnational dialogue on the Global Financial Architecture” en Leslie Elliot Armijo ed. Debating the Global Financial Architecture Suny Press, USA, (2002):  245.

[7] Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, Core Principles of Effective Banking Supervision, Basilea, (Septiembre 1997): 2.

[8] Alicia García Herrero y Sergio Gavilá, Posibles impacto de Basilea II en los países emergentes, Banco de España, Documentos ocasionales No. 0606, España, (2006): 2 y 3.

[9] Alicia García Herrero y Sergio Gavilá, Posibles impacto de Basilea II, 14.

[10] Stijn Claessens, Geoffrey Underhill y Xiaoke Zhang, “The Political Economy of Basle II: The Cost for Poor Countries, The World Economy, (2008): 326.

[11] Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, Basilea III: Marco Regulador Global para reforzar los bancos y sistemas bancarios, Basilea, diciembre 2010.

[12] Swati Ghosh, Naotaka Sugawara, and Juan Zalduendo, Banks Flows and Basel III. The determinants and regional differences in emerging markets. Economic Presmise, No. 56,  The World Bank, Abril 2011.

[13] Thomas F. Cosimano and Dalia S. Hakura, Bank Behavior in response to Basel III: A cross-country analysis, IMF Working Paper, Mayo 2011.

[14] Tom Braithwaite, “JP Morgan chief says bank rules ‘anti-US’”, Financial Times, September 12, 2011.

[15] Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, Report to G-20 Leaders on monitoring implementation of Basel III regulatory reforms, Agosto 2013.

[16] Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, Report to G-20 Leaders, Agosto 2013, p.23 y 24.

[17] Elaboración propia con información de: Chris Brummer, How International Financial Law Works (and how it doesn’t), Georgetown Law Journal, Vol 99, 2011.

[18] Diana Thorburn, The political economy of foreign Banks in Latina America: Mexico and Argentina, 1990-2001, PhD. Dissertation, Johns Hopkins University, (2004).

[19] Carlos Marichal, 1997. “The Rapid Rise o f the Neobanqueros: Mexico’s New Financial Elite.” NACLA. Report on the Americas 30; 27-31 May/June.

[20] Pedro Aspe Annella, 1993. Economic Transformation the Mexican Way. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

[21] Diana Thorburn, The political economy of foreign Banks in Latina America: Mexico and Argentina, 1990-2001, PhD. Dissertation, Johns Hopkins University, (2004).

[22] Modificación del original consultado en: Diana Thorburn, The political economy of foreign Banks in Latina America: Mexico and Argentina, 1990-2001, PhD. Dissertation, Johns Hopkins University, (2004).

[23] Diana Thorburn, The political economy of foreign Banks in Latina America: Mexico and Argentina, 1990-2001, PhD. Dissertation, Johns Hopkins University, (2004).

[24] Diana Thorburn, The political economy of foreign Banks in Latina America: Mexico and Argentina, 1990-2001, PhD. Dissertation, Johns Hopkins University, (2004).

[25] Elaboración propia con información de: International Monetary Fund, Mexico: Financial System Stability Assessment Update, 2001, 2006, 2007, 2012.

[26] Obtenido de: Banca mexicana está lista para aplicar Basilea III 28 de abril 2014, http://www.imagen.com.mx/banca-mexicana-esta-lista-para-aplicar-basilea-iii, consultado el 1 mayo 2014.

[27] Luis Videgaray, Palabras del Secretario de Hacienda Dr. Luis Videgaray, en el marco de la promulgación de la Reforma Financiera, a cargo del presidente Enrique Peña Nieto, México D.F., enero 2014.

[28] Narissa Lyngen, Basel III:Dynamics of State Implementation, Harvard International Law Journal, 53, 2, (Summer 2012): 53.

[29] Ver Ethan Kapstein, “Between Power and Purpose: central bankers and the politics of regulatory convergence”, International Organization, no.46, vol.1, (Winter 1992).

[30] Edward C. Skelton, Mexican Banks get a head of new global capital Standards, Federal Reserve Bank of Dallas, Third Quarter, (2012).

[31] Edward C. Skelton, Mexican Banks get a head of new global capital Standards

[32] Edward C. Skelton, Mexican Banks get a head of new global capital Standards.

[33] Centro de Estudios Espinoza- Yglesias, Análisis y evaluación de la iniciativa de reformas a diversos ordenamientos en materia financiera, 2013, México D.F. (2013): 10.

[34] Centro de Estudios Espinoza- Yglesias, Análisis y evaluación de la iniciativa de reformas.

[35] Ver por ejemplo: Centro de Estudios Espinoza- Yglesias, Análisis y evaluación de la iniciativa de reformas.

[36] Andrea Becerril y Victor Ballinas, Aprueban senadores reforma financiera: extranjeriza más la banca: PRD-PT, La Jornada 27 de noviembre de 2013.

[37] Luis Videgaray, Palabras del Secretario de Hacienda Dr. Luis Videgaray, en el marco de la promulgación de la Reforma Financiera.

 

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